Legislation

Este proyecto de ley amplía innecesariamente los mecanismos de depuración del censo electoral, se basa en fuentes de datos poco fiables, reprime la participación cívica legítima de las organizaciones no gubernamentales de participación cívica, invita al uso indebido de la información personal por parte del gobierno e impone cargas administrativas innecesarias a las agencias estatales. La comparación de bases de datos tiene una alta tasa de error y ha dado lugar repetidamente a que ciudadanos estadounidenses con derecho a voto sean señalados erróneamente o eliminados de los registros electorales. Este proyecto de ley no aborda cómo se transferirían los datos ni cómo se protegería esta información. La elaboración de una lista de residentes ya vulnerables supone una grave amenaza para su seguridad. Además, el registro de votantes por parte de terceros ha desempeñado durante mucho tiempo un papel crucial a la hora de llegar a los votantes jóvenes, a quienes votan por primera vez, a los habitantes de las zonas rurales de Kansas, a los votantes con acceso limitado a Internet y a las comunidades históricamente infrarrepresentadas en el electorado. La actividad de registro de votantes no es meramente administrativa, sino que constituye un discurso político protegido por la Primera Enmienda.

Este imprudente proyecto de ley, que no contribuye en nada a reforzar la seguridad electoral ni a abordar ninguna vulnerabilidad demostrada en las elecciones de Kansas, exigiría que el estatus de ciudadanía figurara en las licencias de conducir de Kansas. Esto forma parte de un ataque mucho más amplio y coordinado contra los derechos civiles y las comunidades inmigrantes, lo que genera serias preocupaciones en materia de privacidad, discriminación y seguridad pública. Exigir que el estatus de ciudadanía figure en las licencias de conducir expondría esta información personal a empleadores, propietarios de viviendas, empresas, fuerzas del orden y particulares, todos ellos contextos en los que el estatus de ciudadanía de una persona es innecesario. Esta divulgación innecesaria invita a la discriminación y a la elaboración de perfiles, y crea un sistema de identificación de dos niveles que trata a las personas de manera diferente en función de su estatus migratorio.

Este proyecto de ley amplía la autoridad de los alguaciles (sheriffs) de los condados y la de las cárceles no operadas por sheriffs para detener indefinidamente a personas con fines de inmigración civil, exime a las fuerzas del orden de la rendición de cuentas y elimina la supervisión democrática establecida desde hace mucho tiempo. Los efectos combinados de este proyecto de ley —que forma parte de un ataque legislativo más amplio contra los inmigrantes y las personas de color— plantean serias preocupaciones constitucionales. Amplía significativamente la autoridad de las fuerzas del orden federales en Kansas, debilita la rendición de cuentas y amenaza el derecho de los habitantes de Kansas a participar en la disidencia legítima.

Aunque la ACLU de Kansas valora los esfuerzos legítimos por proteger la libertad de expresión y considera que los campus universitarios son foros públicos, otras disposiciones de este proyecto de ley quebrantan los valores básicos de equidad y libertad de expresión. Al ampliar los vacíos legales existentes, este proyecto de ley permitirá a las organizaciones estudiantiles financiadas con fondos públicos excluir a personas de la afiliación o de puestos de liderazgo basándose en criterios discriminatorios. Esta legislación obligaría a las instituciones públicas a subvencionar a organizaciones, incluidas las organizaciones políticas supremacistas étnicas, que excluyen y discriminan activamente a los estudiantes por sus creencias políticas. La libertad de expresión debe protegerse, pero no se debe obligar a los contribuyentes a apoyar la discriminación y la exclusión descaradas bajo el pretexto de la libertad de expresión.

Este proyecto de ley quebranta la discrecionalidad judicial y perjudica de manera desproporcionada a los habitantes de Kansas con bajos ingresos al exigir la detención e imponer condiciones previas al juicio más estrictas basadas únicamente en la gravedad de los cargos, en lugar del riesgo individualizado. Estas medidas solo servirán para aumentar las tasas de encarcelamiento y agravar las desigualdades sistémicas. Este proyecto de ley limita significativamente la discrecionalidad judicial al prohibir a los tribunales emitir citatorios en casos de delitos graves, independientemente de las circunstancias individuales. Eliminar esta discrecionalidad quebranta un principio fundamental de nuestro sistema judicial: las decisiones deben basarse en las personas, no solo en los cargos que se les imputan. Para las personas que viven al día, incluso períodos cortos de prisión previa al juicio pueden provocar la pérdida del empleo, el desahucio, la interrupción del cuidado de los hijos y la inestabilidad financiera. Los acusados con mayor poder adquisitivo están en mejor posición para hacer frente a estas dificultades obligatorias o para pagar una fianza garantizada; los acusados más pobres, no.

Este proyecto de ley, que es redundante y está mal definido, corre el riesgo de vulnerar los derechos de expresión y protesta protegidos por la Constitución.

Restricción de los sitios web que pueden aceptar y transmitir solicitudes de registro de votantes.

Ampliar innecesariamente los mecanismos de eliminación de votantes.

Exigir que se indique la condición de ciudadanía en las licencias de conducir.