Legislation

Este proyecto de ley amplía la autoridad de los alguaciles (sheriffs) de los condados y la de las cárceles no operadas por sheriffs para detener indefinidamente a personas con fines de inmigración civil, exime a las fuerzas del orden de la rendición de cuentas y elimina la supervisión democrática establecida desde hace mucho tiempo. Los efectos combinados de este proyecto de ley —que forma parte de un ataque legislativo más amplio contra los inmigrantes y las personas de color— plantean serias preocupaciones constitucionales. Amplía significativamente la autoridad de las fuerzas del orden federales en Kansas, debilita la rendición de cuentas y amenaza el derecho de los habitantes de Kansas a participar en la disidencia legítima.

Este proyecto de ley quebranta la discrecionalidad judicial y perjudica de manera desproporcionada a los habitantes de Kansas con bajos ingresos al exigir la detención e imponer condiciones previas al juicio más estrictas basadas únicamente en la gravedad de los cargos, en lugar del riesgo individualizado. Estas medidas solo servirán para aumentar las tasas de encarcelamiento y agravar las desigualdades sistémicas. Este proyecto de ley limita significativamente la discrecionalidad judicial al prohibir a los tribunales emitir citatorios en casos de delitos graves, independientemente de las circunstancias individuales. Eliminar esta discrecionalidad quebranta un principio fundamental de nuestro sistema judicial: las decisiones deben basarse en las personas, no solo en los cargos que se les imputan. Para las personas que viven al día, incluso períodos cortos de prisión previa al juicio pueden provocar la pérdida del empleo, el desahucio, la interrupción del cuidado de los hijos y la inestabilidad financiera. Los acusados con mayor poder adquisitivo están en mejor posición para hacer frente a estas dificultades obligatorias o para pagar una fianza garantizada; los acusados más pobres, no.

Limitar el uso de un citatorio en lugar de una orden de detención para la detención de un acusado a los delitos menores y exigir que cualquier fianza fijada en una orden de detención emitida tras una incomparecencia en respuesta a un citatorio no permita la puesta en libertad bajo palabra del acusado.

Establecer limitaciones y restricciones a la puesta en libertad de una persona acusada de un delito mediante una fianza bajo palabra.

Exigir al secretario de Instituciones Penitenciarias que ayude a los reclusos a obtener documentación de identificación y relacionada con el empleo antes de su puesta en libertad.

Ampliación de las prácticas de detención previa al juicio mediante la reducción de la forma en que se aplican los créditos de prisión, la imposición de normas de imposición de penas más rígidas y el establecimiento de montos mínimos obligatorios de fianza.

Amplía la autoridad de los alguaciles (sheriffs) de los condados para detener a personas con fines de inmigración civil, exime a las fuerzas del orden de su rendición de cuentas y elimina la supervisión democrática llevada a cabo desde hace tiempo.

Ampliar el uso de la detención juvenil y aumentar el confinamiento en centros penitenciarios.