La sesión legislativa de Kansas de 2026 fue decisiva en la lucha por las libertades civiles, y la ACLU de Kansas estuvo presente en el capitolio para defender el derecho al voto, la reforma del sistema penal, la inmigración, la libertad de expresión y otras garantías fundamentales. Si bien la sesión arrojó resultados mixtos, varias victorias clave nos recordaron el impacto de la defensa constante de estos derechos y subrayaron la importancia de que los habitantes de Kansas participen en el día a día.

Los ataques contra los derechos de voto, que continuaron desde años anteriores, dominaron gran parte de la sesión. El representante Pat Proctor, presidente del Comité de Elecciones de la Cámara de Representantes, presentó 17 de estos ataques, lo que refleja un esfuerzo concertado por remodelar el sistema electoral en Kansas y perpetuar los mitos sobre el fraude electoral generalizado y el voto de personas que no son ciudadanas. De estos, ocho fueron aprobados por la Cámara de Representantes y dos por el Senado como proyectos de ley independientes, antes de ser agrupados en un intento de última hora para lograr su aprobación. Al final, tres proyectos de ley agrupados fueron vetados, dos de los cuales se mantuvieron con éxito.

Sin embargo, el veto de la gobernadora a una medida importante, el Proyecto de Ley 2437 de la Cámara de Representantes, fue anulado. Esta ley amplía los métodos para depurar los registros electorales, permite el uso de la base de datos SAVE para verificar la elegibilidad de los votantes, exige que las agencias estatales compartan con la Secretaría de Estado datos sobre ciertos no ciudadanos que reciben prestaciones, e impone nuevas restricciones a las iniciativas de registro de votantes por parte de terceros. A pesar de este obstáculo, la defensa exitosa de otros tres vetos evitó que medidas restrictivas adicionales se convirtieran en ley, preservando el acceso al voto para innumerables habitantes de Kansas.

La llamada ley SAVE Kansas exigirá, más que nunca, que los votantes de Kansas conozcan sus derechos.

La legislatura también hizo daño a la justicia y la equidad en el estado mediante propuestas dirigidas al sistema legal juvenil e intentos de imponer montos mínimos obligatorios de fianza y prácticas de detención más estrictas. Un proyecto de ley tenía como objetivo limitar el uso de las fianzas por palabra (OR), una herramienta clave para reducir las disparidades basadas en el nivel económico en la detención preventiva. El equipo de la ACLU de Kansas se enorgullece de haber impulsado el veto a esta medida y, lo que es más importante, de haber ayudado a garantizar que el veto se mantuviera.

Preservar el acceso a las fianzas por palabra (OR) es un paso fundamental para abordar el sistema de justicia de dos niveles que afecta de manera desproporcionada a las personas de bajos ingresos en todo el estado.

Otra gran preocupación en esta sesión fue el proyecto de ley sustitutivo de la Cámara de Representantes al proyecto 244 del Senado, una iniciativa dirigida contra las personas transgénero de Kansas. Esta legislación impone una definición restrictiva de género basada en el sexo asignado al nacer y exige que los documentos de identificación emitidos por el gobierno reflejen esa designación. También funciona como una prohibición de uso de baños, al limitar el acceso a instalaciones que se ajusten a la identidad de género de la persona. Estas disposiciones plantean serias preocupaciones en materia constitucional y de derechos civiles, en particular las relacionadas con la privacidad, la igualdad de protección y la capacidad de las personas transgénero para participar de manera segura en la vida pública. La legislatura se apresuró a anular el veto del gobernador a principios de la sesión, en el marco de la priorización constante por parte de los legisladores de atacar a las personas transgénero de Kansas en lugar de abordar los problemas que afectan a todos los habitantes del estado.

Por eso nos unimos al Proyecto LGBTQ+ de la ACLU a nivel nacional, y a solo unos días de que el proyecto de ley entrara en vigor, el equipo legal presentó una demanda.

Siguiendo las tendencias nacionales, la inmigración estuvo en el centro de los debates políticos de esta sesión. A pesar de haber sido vetado, el Proyecto de Ley 2372 de la Cámara de Representantes finalmente se convirtió en ley después de que la legislatura anulara la decisión del gobernador. Esta medida de amplio alcance permite a los sheriffs celebrar acuerdos perjudiciales con las autoridades federales de inmigración sin supervisión local, valida las solicitudes de detención sin requerir una orden judicial e incluye disposiciones como la Ley HALO, que restringe el grado de supervisión que los observadores pueden ejercer sobre la actividad de las fuerzas del orden. Este proyecto de ley también impone responsabilidad financiera a los contribuyentes de Kansas en casos de conducta indebida de los oficiales que den lugar a demandas. Estos cambios generan serias preocupaciones sobre la rendición de cuentas y la erosión del control local.

En medio de estos desafíos, hubo una victoria significativa para los inmigrantes en Kansas: la defensa exitosa del acceso a la matrícula estatal para los estudiantes indocumentados. Debido a que se mantuvo el veto sobre un proyecto de ley que amenazaba esta política, los estudiantes que han asistido a escuelas secundarias de Kansas pueden seguir accediendo a oportunidades de educación superior asequibles dentro del estado.

En total, nuestro equipo instó a que se vetaran ocho proyectos de ley perjudiciales, logrando siete vetos. Si bien tres fueron anulados, cuatro se mantuvieron con éxito: tres relacionados con las leyes electorales y uno con la reforma del sistema penal. Estos resultados ponen de relieve tanto la persistencia de las amenazas legislativas a las libertades civiles como el impacto tangible de la defensa coordinada en la protección de los derechos fundamentales. A lo largo de la sesión legislativa y más allá, la ACLU de Kansas se mantiene firme en la defensa de las libertades civiles de todos los habitantes de Kansas, enfrentando las amenazas dondequiera que surjan y trabajando para garantizar que la libertad, la equidad y la dignidad no sean solo ideales, sino realidades protegidas por la ley.