Las políticas de justicia penal, cada vez más severas a lo largo de las últimas tres décadas, han dado lugar a un sistema basado en la criminalización excesiva, el encarcelamiento masivo y la injusticia racial.
En lugar de garantizar la seguridad pública y abordar las causas fundamentales de la delincuencia, la guerra contra las drogas ha dado lugar a prácticas policiales inconstitucionales, sentencias injustas e incoherentes y abusos de autoridad que, en lugar de ayudar, solo perjudican a la ciudadanía y afectan de manera extremadamente desproporcionada a las minorías.
A nivel nacional, el movimiento Justicia Inteligente (Smart Justice) de la ACLU ha tratado de impulsar reformas nacionales en la “parte inicial” del sistema de justicia penal, desde la actuación policial hasta la imposición de penas. Esto incluye poner fin a la actuación policial y a las sentencias motivadas por razones raciales, aumentar la rendición de cuentas y la transparencia del gobierno, y revertir la tendencia hacia el encarcelamiento excesivo.
Today, years of hard-fought civil liberty protections are under threat.
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