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La ACLU de Kansas insta a la comisionada electoral del Condado Johnson, Connie Schmidt, a que revoque su decisión de reducir el número de centros de votación anticipada en el condado de 18 a 12, mediante la eliminación de ocho y la incorporación de dos nuevos centros.

A pesar de haber solicitado fondos adicionales para una “ampliación de los centros de votación anticipada” en su solicitud presupuestaria, la oficina electoral del Condado Johnson ha reducido el número de centros de votación anticipada de 18 a 12. Si bien algunos centros fueron reemplazados y se agregaron dos nuevos, ocho centros fueron eliminados por completo sin ser reemplazados por alternativas viables, muchos de los cuales estaban ubicados en zonas predominantemente de bajos ingresos y en áreas con una alta concentración de personas de color.

Este recurso de “Conoce tus derechos” ofrece información general sobre tus derechos cuando te detengan, interroguen, arresten o registren agentes de las fuerzas del orden en el estado de Kansas, incluyendo los cambios recientes a la ley estatal en la sesión legislativa de 2026 bajo la ley HB 2372.

La sesión legislativa de Kansas de 2026 fue decisiva en la lucha por las libertades civiles, y la ACLU de Kansas estuvo presente en el capitolio para defender el derecho al voto, la reforma del sistema penal, la inmigración, la libertad de expresión y otras garantías fundamentales. Si bien la sesión arrojó resultados mixtos, varias victorias clave nos recordaron el impacto de la defensa constante de estos derechos y subrayaron la importancia de que los habitantes de Kansas participen en el día a día.

Este proyecto de ley, que es redundante y está mal definido, corre el riesgo de vulnerar los derechos de expresión y protesta protegidos por la Constitución.

Este proyecto de ley quebranta la discrecionalidad judicial y perjudica de manera desproporcionada a los habitantes de Kansas con bajos ingresos al exigir la detención e imponer condiciones previas al juicio más estrictas basadas únicamente en la gravedad de los cargos, en lugar del riesgo individualizado. Estas medidas solo servirán para aumentar las tasas de encarcelamiento y agravar las desigualdades sistémicas. Este proyecto de ley limita significativamente la discrecionalidad judicial al prohibir a los tribunales emitir citatorios en casos de delitos graves, independientemente de las circunstancias individuales. Eliminar esta discrecionalidad quebranta un principio fundamental de nuestro sistema judicial: las decisiones deben basarse en las personas, no solo en los cargos que se les imputan. Para las personas que viven al día, incluso períodos cortos de prisión previa al juicio pueden provocar la pérdida del empleo, el desahucio, la interrupción del cuidado de los hijos y la inestabilidad financiera. Los acusados con mayor poder adquisitivo están en mejor posición para hacer frente a estas dificultades obligatorias o para pagar una fianza garantizada; los acusados más pobres, no.