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En los últimos años, los ataques respaldados por el Gobierno contra los derechos civiles y las libertades de los inmigrantes han aumentado tanto en número como en intensidad. Los inmigrantes se enfrentan a la violencia, la discriminación, la detención y la deportación, a menudo sin las garantías del debido proceso. Cuando se niega a los inmigrantes la igualdad de protección ante la ley, se quebrantan los valores constitucionales sobre los que se fundó este país.

Las políticas de justicia penal, cada vez más severas a lo largo de las últimas tres décadas, han dado lugar a un sistema basado en la criminalización excesiva, el encarcelamiento masivo y la injusticia racial.

Aunque el derecho al voto debería estar garantizado para todos los estadounidenses con derecho a votar, este derecho constitucional fundamental se ve constantemente amenazado.