Derogación de la matrícula estatal para inmigrantes indocumentados/Presunción refutable de riesgo

Prohibir que los inmigrantes indocumentados que se encuentran sin autorización en los Estados Unidos reciban cualquier prestación pública estatal o local, de conformidad con la legislación federal aplicable.

Presidente Thompson y miembros de la comisión,

Gracias por la oportunidad de dar testimonio en firme oposición al proyecto de ley del Senado 254. Mi nombre es Rashane Hamby y soy la directora de Política e Investigación de la ACLU de Kansas. En nombre de nuestros 35,000 simpatizantes en todo el estado, estoy aquí para oponerme al SB254. Esta legislación pretende prohibir a los estudiantes indocumentados el acceso a las tarifas de colegiaturas estatales en los colegios universitarios y universidades públicas de Kansas, al tiempo que impone una presunción refutable de riesgo de fuga a las personas indocumentadas en el sistema de justicia penal. Si se aprueba, el proyecto de ley 254 no solo privaría de oportunidades a los estudiantes de Kansas que se esfuerzan por estudiar, sino que también crearía un sistema de justicia de dos niveles que perjudica de manera desproporcionada a las comunidades de inmigrantes.

Repercusiones en la educación superior y los estudiantes de Kansas

La Ley de Educación Superior (HEA) impide que los estudiantes indocumentados reciban ayuda financiera federal, incluidas las becas Pell. Sin embargo, desde 2004, Kansas ha reconocido el valor de la educación al permitir que ciertos estudiantes indocumentados puedan calificar pare la tasa de colegiatura estatal en virtud de la K.S.A. 76-731a. Estos estudiantes deben cumplir estrictos criterios de residencia y académicos, entre ellos haber asistido a un high school de Kansas durante al menos tres años y presentar una declaración jurada en la que manifiesten su intención de solicitar un estatus migratorio legal. Esta política ha permitido a miles de estudiantes acceder a la educación superior, contribuir a la economía de Kansas y cubrir necesidades críticas de mano de obra.

• Más de 5,100 estudiantes indocumentados se han beneficiado de esta política entre 2010 y 2021
• En otoño de 2021, al menos 425 estudiantes indocumentados estaban inscritos en instituciones de educación superior de Kansas con colegiatura de residente del estado. La mayoría asistía a centros de formación profesional, con el mayor número de matriculados en el Johnson County Community College y el Kansas City Kansas Community College.
• Sin la tasa de colegiatura estatal, estos estudiantes se enfrentan a tarifas de colegiatura entre dos y tres veces más altas, lo que hace que la universidad sea inalcanzable para muchos.

Negar la tasa de colegiatura estatal no cambiará el estatus de residencia de estos estudiantes; simplemente los obligará a abandonar la educación superior. Fred Logan, exvicepresidente de la Junta de Regentes de Kansas, destacó la importancia de mantener las políticas de colegiatura estatal, señalando que estos estudiantes “son inocentes” y “son excelentes habitantes de Kansas” (Logan, 2013). La Junta de Regentes de Kansas ha señalado que los estudiantes a los que se les priva de la colegiatura estatal “simplemente no irán [a la universidad] en lugar de pagar la tarifa más alta”. Esta pérdida de nivel educativo tendría consecuencias económicas a largo plazo para el estado, reduciendo el número de graduados cualificados que se incorporan a la fuerza laboral de Kansas.

Cambios perjudiciales en las disposiciones sobre la fianza previa al juicio

Más allá de la educación, el proyecto de ley SB 254 modifica el K.S.A. 22-2802, la ley que regula la libertad previa al juicio, para introducir una peligrosa presunción refutable de riesgo de fuga para las personas indocumentadas acusadas de un delito.

• Enmienda a la K.S.A. 22-2802: En virtud de este proyecto de ley, se presumirá que cualquier persona cuya presencia “no tiene autorización” en los Estados Unidos se considere como riesgo de fuga cuando sea acusada de un delito. Esto supone una carga injusta para las personas indocumentadas, muchas de las cuales tienen profundos vínculos con sus comunidades, incluyendo familias, empleos y residencia de larga duración. La presunción ignora estos factores y obliga a las personas a superar un obstáculo legal que no se aplica a otros acusados. Además, las investigaciones han demostrado que las personas indocumentadas no presentan un riesgo de fuga mayor que otros grupos, lo que hace que esta disposición sea tanto injusta como jurídicamente dudosa.
• Verificación obligatoria del estatus migratorio: La SB 254 exige que se verifique el estatus migratorio de cualquier persona no ciudadana de EE. UU. acusada de un delito a través del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. antes de que se determine la fianza. Esto supone un cambio radical respecto al uso actual del programa de Verificación Sistemática de Extranjeros para Derechos (SAVE). Está diseñado principalmente para ayudar a las agencias gubernamentales federales, estatales, tribales y locales a verificar el estatus migratorio de una persona a la hora de determinar su elegibilidad para recibir prestaciones públicas, licencias u otros fines legales. Su función principal no es su uso en el sistema de justicia penal, como para fijar el importe de la fianza. Utilizar el programa antes de fijar la fianza en los procedimientos penales plantea preocupaciones éticas y legales.
• Restricciones a la libertad previa al juicio: Debido a la presunción de riesgo de fuga, los jueces pueden verse obligados a fijar importes de fianza más elevados, negar la libertad bajo palabra y recurrir con mayor frecuencia a la detención de personas indocumentadas. Esta medida quebranta el principio de justicia individualizada al tratar a todas las personas indocumentadas como intrínsecamente poco fiables, en lugar de evaluar sus circunstancias personales. Leyes similares en otros estados han sido declaradas inconstitucionales. En el caso López-Valenzuela contra Arpaio (2014), el Tribunal del Noveno Circuito dictaminó que la Proposición 100, que negaba la fianza a las personas indocumentadas, violaba los derechos al debido proceso. En 2011, los magistrados del Tribunal Supremo de Oklahoma declararon que la disposición que “crea una presunción de riesgo de fuga” era “una ley especial prohibida” por la Constitución de Oklahoma. La disposición de la SB 254 es igualmente defectuosa y probablemente se enfrentaría a impugnaciones legales.

Conclusión

La SB 254 es un proyecto de ley injusto y perjudicial que pretende penalizar a los residentes indocumentados de Kansas que contribuyen a nuestras comunidades, nuestra fuerza laboral y nuestra economía. Privar a los estudiantes de la matrícula estatal no reporta ningún beneficio económico y solo obstaculiza el acceso a la educación. Del mismo modo, modificar nuestras leyes de fianza para presumir que las personas indocumentadas presentan riesgo de fuga contradice las garantías constitucionales del debido proceso y dará lugar a un encarcelamiento previo al juicio excesivo. Insto a esta comisión a que rechace el SB 254 y, en su lugar, apoye políticas que promuevan la equidad, el debido proceso y el acceso a la educación. Gracias por su tiempo y consideración.

Gracias.

Rashane Hamby, Directora de Políticas e Investigación

Referencias

La colegiatura estatal de Kansas para estudiantes indocumentados, un éxito. (1 de enero de 2023). The Kansas City Star. https://www.kansascity.com/opinion/readers-opinion/guestcommentary/article270589572.html

Logan, F. (2013). Testimonio ante la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes de Kansas. Lawrence Journal-World. Obtenido de https://www2.ljworld.com/news/2013/mar/20/sides-clashhearing-bill-would-repeal-state-tuitio/

Asamblea Legislativa de Kansas. (2025). Proyecto de ley del Senado 254: Ley relativa a la inmigración, las prestaciones públicas estatales y locales, y la libertad provisional. Senado de Kansas. Obtenido de https://www.ksrevisor.org/statutes/chapters/ch22/022_028_0002.html

Lopez-Valenzuela contra Arpaio, 770 F.3d 772 (9.º Cir. 2014).

Carter, Ray. (2024). La decisión del Tribunal Supremo de Oklahoma benefició a los delincuentes inmigrantes ilegales. Consejo de Asuntos Públicos de Oklahoma. Obtenido de https://ocpathink.org/post/independentjournalism/oklahoma-supreme-court-decision-benefited-illegal-immigrant-felons