Ampliando las oportunidades para la discriminación financiada con fondos públicos

Promulgación de la Ley de Derechos Intelectuales y Conocimiento de Kansas, establecer una causa de acción civil y sanciones por las infracciones de dicha ley, y autorizar a los estudiantes y a las asociaciones estudiantiles a ejercer sus creencias, valores y misiones políticas e ideológicas.

Este proyecto de ley quebranta los valores básicos de equidad y libertad de expresión y entraña riesgos tanto para los derechos civiles como para la libertad de expresión en los campus universitarios de Kansas. Al ampliar las oportunidades para la discriminación financiada con fondos públicos y adoptar restricciones excesivamente amplias que pueden coartar la disidencia legítima, este proyecto de ley amenaza con debilitar las protecciones constitucionales.

Este proyecto de ley fue «despojado de su contenido» y HB 2333 y se aprobó.

Presidente Erickson y miembros de la Comisión,

Mi nombre es Logan DeMond y soy el director de Política e Investigación de la Unión Americana por las Libertades Civiles de Kansas (ACLU de Kansas). La ACLU de Kansas es una organización sin fines de lucro y no partidista con más de 35,000 simpatizantes en todo el estado que trabaja para proteger y fortalecer los derechos civiles y las libertades de todos los habitantes de Kansas. En nombre de la ACLU de Kansas, me opongo al proyecto de ley del Senado 419. Si bien la ACLU de Kansas aprecia los esfuerzos por proteger la libertad de expresión, otras disposiciones de este proyecto socavan los valores básicos de equidad y libertad de expresión.

El proyecto de ley 419 reconoce una verdad importante sobre la expresión en los campus universitarios: las llamadas “zonas de libertad de expresión” no promueven la libertad de expresión, sino que la restringen al confinar la actividad expresiva a pequeñas áreas designadas, silenciando de hecho a los estudiantes y a los miembros de la comunidad en cualquier otro lugar. Esta práctica va en contra de los principios establecidos desde hace tiempo en la Primera Enmienda, que tratan la mayoría de los espacios públicos al aire libre en los campus públicos como foros públicos tradicionales. Apoyamos las disposiciones que afirman los derechos de los estudiantes y visitantes a expresarse, reunirse, y protestar en todo el campus, sujetos únicamente a normas razonables de tiempo, lugar y forma. Al mismo tiempo, apoyamos las medidas que refuerzan la rendición de cuentas cuando los agentes gubernamentales no respetan los derechos de libertad de expresión, incluyendo causas de acción cuidadosamente elaboradas. Cuando las universidades o los funcionarios públicos limitan ilegalmente la expresión, ya sea silenciando a los oradores o no protegiendo las protestas legales, las personas deben tener una vía clara para solicitar reparación. Aun así, es esencial que dichas disposiciones reconozcan los derechos tanto de los oradores como de los manifestantes y afirmen el deber del gobierno de proteger esos derechos de buena fe. Los mecanismos de aplicación no deben favorecer un punto de vista sobre otro, ni deben restringir la disidencia legítima.

Sin embargo, la ACLU de Kansas teme que otras disposiciones del SB 419 quebranten los principios fundamentales de igualdad y libertad de expresión. Este proyecto de ley amplía los vacíos legales existentes que permiten a las organizaciones estudiantiles financiadas con fondos públicos excluir a personas de la afiliación o el liderazgo basándose en criterios discriminatorios. La decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Christian Legal Society contra Martínez confirmó que las universidades públicas pueden negarse a financiar a grupos que discriminan sin dejar de respetar la Primera Enmienda. La legislación de Kansas ya contiene amplias excepciones para las creencias religiosas profesadas sinceramente, lo que da lugar a la financiación y el apoyo de los contribuyentes a organizaciones estudiantiles que discriminan a los estudiantes LGBTQ+ y a otros grupos identitarios. Este proyecto de ley amplía aún más esas excepciones para permitir que los contribuyentes subvencionen la discriminación basada en creencias políticas e ideológicas. Como resultado, las instituciones públicas se verían obligadas a subvencionar organizaciones, incluidas las organizaciones políticas supremacistas étnicas, que excluyen y discriminan activamente a los estudiantes por sus creencias políticas. La libertad de expresión debe protegerse, pero los programas financiados con dinero de los contribuyentes no deberían verse obligados a apoyar la discriminación y la exclusión descaradas bajo el pretexto de la libertad de expresión.

El SB 419 entraña riesgos tanto para los derechos civiles como para la libertad de expresión en los campus universitarios de Kansas. Al ampliar las oportunidades de discriminación financiada con fondos públicos y adoptar restricciones excesivamente amplias que pueden restringir la disidencia legítima, este proyecto de ley amenaza con debilitar las protecciones constitucionales. En nombre de la ACLU de Kansas, insto a los miembros de esta comisión a que se opongan al SB 419 y promuevan políticas que fomenten de verdad una participación inclusiva, sólida e igualitaria en la vida universitaria para todos los estudiantes.

Logan DeMond, Director de Política e Investigación