Ampliación de las operaciones del ICE a las fuerzas del orden locales

Amplía la autoridad de los alguaciles (sheriffs) de los condados para detener a personas con fines de inmigración civil, exime a las fuerzas del orden de su rendición de cuentas y elimina la supervisión democrática llevada a cabo desde hace tiempo.

Los efectos combinados de este proyecto de ley plantean graves preocupaciones constitucionales, fiscales y estructurales para Kansas y forman parte de un ataque legislativo más amplio y coordinado contra los inmigrantes y las personas de color.

Este proyecto de ley fue «despojado de su contenido» e incorporado al S Sub por el HB 2372 y aprobado.

Presidente Thompson y miembros de la comisión:

Mi nombre es Logan DeMond y soy el director de Política e Investigación de la Unión Americana por las Libertades Civiles de Kansas (ACLU de Kansas). La ACLU de Kansas es una organización sin fines de lucro y no partidista con más de 35,000 simpatizantes en todo el estado que trabaja para proteger y fortalecer los derechos y libertades civiles de todos los habitantes de Kansas. En nombre de la ACLU de Kansas, me opongo firmemente al proyecto de ley del Senado 525, que amplía la autoridad de los sheriffs de los condados para detener indefinidamente a personas con fines de inmigración civil, exime a las fuerzas del orden de su responsabilidad y elimina la supervisión democrática que existe desde hace tiempo. Los efectos combinados de este proyecto de ley plantean graves preocupaciones constitucionales, fiscales y estructurales para Kansas y forman parte de un ataque legislativo más amplio y coordinado contra los inmigrantes y las personas de color.

Ampliación de la autoridad para detener sin cargos penales

El proyecto de ley 525 autoriza a los sheriffs a detener a personas de forma indefinida basándose únicamente en una orden de detención de inmigración federal (formulario I-247A del ICE) o en determinadas órdenes administrativas. Se trata de documentos de inmigración civil, no de órdenes penales firmadas por un juez. En virtud de la Cuarta Enmienda, la detención debe estar respaldada por una causa probable y, en la mayoría de los casos, por una autorización judicial. Las órdenes de detención de inmigración son solicitudes administrativas emitidas por agentes federales y no son revisadas por un juez. Ampliar la facultad de detención civil en materia de inmigración sin supervisión judicial quebranta las protecciones constitucionales fundamentales contra la incautación ilegal. Tal cambio, que sitúa a los sheriffs de los condados y a sus ayudantes en pie de igualdad con los agentes federales enmascarados, erosionará la confianza en las fuerzas del orden locales. Además, es importante señalar que este proyecto de ley, que es complementario al proyecto de ley 2771 de la Cámara de Representantes, elimina el límite de detención de 48 horas que figura en su contraparte de la Cámara de Representantes. Esta enmienda fue solicitada por el fiscal general Kris Kobach, pero finalmente fue rechazada en comisión.

Mayor riesgo de detenciones indebidas y violaciones del debido proceso

El proyecto de ley establece que las personas deben ser puestas en libertad si la orden de detención es insuficiente, se ha cancelado o si la persona aporta pruebas de su ciudadanía o de su situación legal. Aunque estas disposiciones pretenden crear garantías procesales, no eliminan el riesgo fundamental. Las órdenes de detención de ICE han contenido históricamente errores y, como resultado, se ha detenido por error a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales. Cuando la detención se produce sin cargos penales y sin una orden judicial, el riesgo de privación indebida de libertad aumenta significativamente. Además, esto puede suponer la pérdida de salarios, de vivienda, de servicios de guardería y una profunda perturbación en la vida de una persona. Para alguien detenido indebidamente, esas consecuencias no son teóricas. Son inmediatas y graves. Al integrar la detención civil de inmigrantes en las operaciones rutinarias de las cárceles, el proyecto de ley aumenta la probabilidad de violaciones constitucionales y expone a Kansas a litigios federales por derechos civiles.

Presunción de responsabilidad a nivel estatal y protección frente a las consecuencias financieras

El SB 525 va más allá de autorizar la detención. Obliga a que los consorcios de seguros municipales mantengan la cobertura para los organismos que cooperan con el ICE y exige al estado de Kansas que pague las sentencias civiles federales relacionadas con la participación en el programa 287(g) cuando los agentes actúen de “buena fe”. Normalmente, cuando los agentes del Estado violan los derechos constitucionales, la responsabilidad financiera sirve como mecanismo de rendición de cuentas. Fomenta el cumplimiento riguroso de las normas constitucionales. En cambio, este proyecto de ley traslada la carga financiera de los responsables locales a los contribuyentes de todo el estado de Kansas. Al socializar el riesgo de las violaciones constitucionales, el proyecto de ley reduce la disuasión efectiva y crea una estructura de incentivos en la que la ampliación de la aplicación de la ley conlleva consecuencias fiscales limitadas para los responsables de la toma de decisiones que la implementan. No se debería exigir a los contribuyentes de Kansas que financien prácticas de detención potencialmente inconstitucionales.

Eliminación de la supervisión a nivel de condado

El SB 525 modifica la Ley de Cooperación Interlocal de Kansas para permitir que los sheriffs celebren acuerdos 287(g) sin la aprobación de los comisionados del condado ni el cumplimiento de los procedimientos interlocales estándar. La sección 287(g) de la Ley Federal de Inmigración y Nacionalidad autoriza a los organismos locales a desempeñar determinadas funciones federales de inmigración en virtud de acuerdos formales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. Estos acuerdos son compromisos políticos significativos. Modifican el alcance de la autoridad policial local y afectan a comunidades enteras. La eliminación de la aprobación de la comisión del condado suprime un control democrático fundamental. Los comisionados del condado son elegidos para supervisar las decisiones fiscales y políticas que afectan a sus comunidades. El SB 525 concentra esa autoridad en una sola oficina y limita la transparencia y la participación pública. Las decisiones políticas importantes, en particular aquellas que conllevan riesgos fiscales e implicaciones constitucionales, no deben eludir los mecanismos de supervisión establecidos.

Mayor riesgo de litigios constitucionales

En conjunto, el proyecto de ley aumenta la probabilidad de litigios federales en virtud del artículo 42 U.S.C. § 1983, recursos de hábeas corpus, y reclamaciones constitucionales en virtud de las Enmiendas Cuarta y Decimocuarta. El proyecto de ley intenta mitigar este riesgo mediante la indemnización y la representación obligatoria por parte del Fiscal General de Kansas; pero proporcionar defensa jurídica no elimina el escrutinio constitucional, ni una norma legal de “buena fe” anula las protecciones constitucionales federales. Este proyecto de ley se anticipa a los litigios al asignar prematuramente la responsabilidad de las sentencias. En lugar de minimizar la exposición al riesgo de costosos litigios, el SB 525 lo amplía al tiempo que pide a los contribuyentes de Kansas que absorban el costo.

Conclusión

El SB 525 no puede considerarse de forma aislada. En ambas cámaras se han presentado leyes perjudiciales y selectivas que solo servirían para agravar las cargas administrativas y profundizar las heridas que los inmigrantes sufren continuamente. Este proyecto de ley no es una excepción. Ya sea exigiendo a los inmigrantes que se identifiquen de una manera única en los documentos de identidad, recopilando innecesariamente listas de inmigrantes que reciben asistencia pública o ampliando la autoridad de las fuerzas del orden para identificar y detener a personas que no representan ninguna amenaza para sus comunidades, estos ataques implacables deben cesar.

La seguridad pública y el gobierno constitucional no son mutuamente excluyentes. Kansas puede apoyar a las fuerzas del orden sin dejar de respetar los límites constitucionales y el control democrático local. Este proyecto de ley no solo ignora los controles necesarios sobre la autonomía de las fuerzas del orden, sino que aumenta la probabilidad de error, expone a Kansas a costosos litigios y hace caso omiso de los derechos civiles y el estado de derecho. Por estas razones, en nombre de la ACLU de Kansas, insto respetuosamente a esta comisión a que se oponga al SB 525.

Logan DeMond, Director de Política e Investigación