Encarcelamiento preventivo y montos mínimos de fianza

Ampliación de las prácticas de detención previa al juicio mediante la reducción de la forma en que se aplican los créditos de prisión, la imposición de normas de imposición de penas más rígidas y el establecimiento de montos mínimos obligatorios de fianza.

Estas disposiciones generales intentan establecer un enfoque “único para todos”, lo que da lugar a que las personas pasen aún más tiempo en prisión previa al juicio sin que haya pruebas de que ello mejore la seguridad pública.

Presidente Warren y miembros de la Comisión:

Mi nombre es Logan DeMond, y soy el director de Política e Investigación de la Unión Americana por las Libertades Civiles de Kansas (ACLU de Kansas). La ACLU de Kansas es una organización sin fines de lucro y no partidista con más de 35,000 simpatizantes en todo el estado que trabaja para proteger y fortalecer los derechos y libertades civiles de todos los habitantes de Kansas. En nombre de la ACLU de Kansas, me opongo al proyecto de ley de la Cámara de Representantes 2444, que ampliaría las prácticas de prisión previa al juicio al reducir la forma en que se aplican los créditos de prisión, impondría normas de imposición de penas más rígidas de manera generalizada y establecería montos mínimos obligatorios para las fianzas. Estos cambios suscitan serias preocupaciones en cuanto al debido proceso, la sostenibilidad y la seguridad pública. En efecto, estas disposiciones generales intentan establecer un enfoque “único para todos”, lo que da lugar a que las personas pasen aún más tiempo en prisión previa al juicio sin que haya pruebas de que ello mejore la seguridad pública.

Los perjuicios de la detención previa al juicio

Si se aprueba, el proyecto de ley HB 2444 prolongaría el encarcelamiento al limitar la forma en que se aplican los créditos de prisión y al imponer la prisión presunta a las personas con puntuaciones de antecedentes penales de A a E que cometan un delito grave (felonía) mientras se encuentran en libertad condicional o bajo supervisión tras la puesta en libertad, categorías que incluyen no solo los delitos graves anteriores más graves, sino también a personas cuyos antecedentes reflejan delitos de menor gravedad elevados a la categoría de delito grave. Esto no solo aumentará el número de personas detenidas en prisión previa al juicio, sino que, dado que esta disposición es retroactiva, este proyecto de ley corre el riesgo de prolongar las condenas de quienes fueron sentenciados bajo condiciones legales diferentes, de aquellos cuyos casos están en apelación o de quienes se encuentran en la fase posterior a la condena. La prisión previa al juicio está relacionada con mayores tasas de reincidencia, lo que da lugar a una mayor implicación en el sistema judicial con el paso del tiempo (Social Policy Lab, 2026; Vera Institute of Justice, 2023). La detención desestabiliza la vida de las personas, separándolas de sus familias, sus trabajos y otras responsabilidades, al tiempo que agrava las cargas económicas en el hogar.

Además, este proyecto de ley impondría importes mínimos de fianza basados en puntuaciones de antecedentes penales. En la mayoría de los casos, esto significaría la detención automática para quienes no puedan pagar la fianza, lo que afianzaría aún más un sistema judicial de dos niveles en el que la riqueza determina la libertad. Imponer mínimos económicos rígidos y una presunción de encarcelamiento sustituye las evaluaciones individualizadas por una política generalizada que aumentará el número de personas entre rejas. Las decisiones en materia de seguridad pública deben basarse en evaluaciones individualizadas, no en exclusiones generales vinculadas a la capacidad de pago o al contacto previo con el sistema judicial.

Política de sentencias amplia y punitiva

La norma especial de imposición de penas haría que el encarcelamiento fuera automático para cualquier persona que cometiera un delito grave mientras se encontrara en libertad condicional, independientemente del riesgo de fuga o de la gravedad del delito. Esta práctica de imposición de penas obligatorias hace que el encarcelamiento sea automático para las personas con antecedentes penales que van de A a E. En efecto, el encarcelamiento presuntivo elimina la discrecionalidad judicial y la capacidad del tribunal para decidir más allá de toda duda razonable. Los acusados tienen derecho a las garantías procesales, lo que incluye la notificación y la oportunidad de ser oídos. El proyecto de ley HB 2444 niega a las personas este derecho básico.

Aumentos insostenibles de la población carcelaria

Limitar la aplicabilidad de los créditos de prisión, ampliar los criterios para el encarcelamiento presuntivo y establecer fianzas mínimas obligatorias conducirá sin duda a una mayor población carcelaria financiada por los fondos generales del estado y, en última instancia, por los contribuyentes de Kansas. La Comisión de Penas de Kansas señala que la promulgación de la HB 2444 supondría un aumento de 106 plazas de prisión para adultos para finales del año fiscal 2027, y 225 más para el año fiscal 2036. Dado que el costo anual de alojar a las personas encarceladas se acerca a los 6,000 dólares al año, los contribuyentes se verán obligados a asumir esta carga adicional. El dinero, el espacio, y los recursos necesarios para hacer frente al aumento de la población carcelaria y penitenciaria de Kansas producen inquietudes sobre la sostenibilidad de tales políticas.

Conclusión

El proyecto de ley HB 2444 no acerca a Kansas a un sistema de justicia más justo y basado en la evidencia. Por el contrario, ampliaría las prácticas punitivas e insostenibles de detención previa al juicio y aumentaría la población carcelaria. Estas disposiciones causan serias preocupaciones en relación con el derecho al debido proceso y contribuyen aún más al aumento de los costes de encarcelamiento y a la desestabilización de las comunidades, sin un beneficio claro para la seguridad pública. En nombre de la ACLU de Kansas, insto respetuosamente a los miembros de esta Comisión a que se opongan al proyecto de ley HB 2444 y a que promuevan políticas que preserven los derechos constitucionales y mejoren la seguridad de las comunidades de Kansas.

Logan DeMond, Director de Política e Investigación

Referencias

Departamento Correccional de Kansas. (2024). Informe Anual del Año Fiscal 2024. Obtenido de https://www.doc.ks.gov/publications/Reports/fy2024-kdoc-annual-report.

Social Policy Lab. (2026). Encarcelamiento masivo y criminalización: Los efectos de la prisión previa al juicio. Obtenido de https://www.socialpolicylab.org/mass-incarceration.

Instituto Vera de Justicia. (2023). Justicia denegada: Resumen de pruebas sobre los perjuicios de la prisión previa al juicio [PDF]. Obtenido de https://www.vera.org/downloads/publications/Justice-Denied-EvidenceBrief.pdf.