Restricciones a la fianza bajo palabra

Establecer limitaciones y restricciones a la puesta en libertad de una persona acusada de un delito mediante una fianza bajo palabra.

Este proyecto de ley restringiría drásticamente la elegibilidad para las fianzas bajo palabra al limitar el acceso a personas condenadas únicamente por delitos graves no contra las personas e imponer una lista de requisitos de elegibilidad adicionales. En efecto, estos cambios eliminarían las fianzas de libertad bajo palabra para un número considerable de personas que actualmente se presumen inocentes y suponen un importante paso atrás en los esfuerzos de Kansas por avanzar hacia un sistema de justicia previa al juicio más justo y basado en las pruebas.

Presidente Humphries y miembros de la Comisión,

Mi nombre es Logan DeMond y soy el director de Política e Investigación de la Unión Americana por las Libertades Civiles de Kansas (ACLU KS). La ACLU de Kansas es una organización sin fines de lucro y no partidista con más de 35,000 simpatizantes en todo el estado que trabaja para proteger y fortalecer los derechos y libertades civiles de todos los habitantes de Kansas. En nombre de la ACLU de Kansas, escribo para manifestar mi oposición al proyecto de ley 2611 de la Cámara de Representantes, que restringiría drásticamente la elegibilidad para las fianzas por palabra (OR – own recognizance) al limitar el acceso a las personas condenadas únicamente por delitos graves no contra las personas e imponer una lista de requisitos de elegibilidad adicionales. En efecto, este proyecto de ley eliminaría las fianzas OR para un número considerable de personas que actualmente se presumen inocentes y supone un importante paso atrás en los esfuerzos de Kansas por avanzar hacia un sistema de justicia previa al juicio más justo y basado en las pruebas.

Creación de un sistema de justicia de dos niveles

En esencia, el proyecto de ley 2611 de la Cámara de Representantes afianza aún más un sistema de justicia de dos niveles: un sistema para quienes pueden permitirse comprar su libertad y otro para quienes no pueden. Si este proyecto se convierte en ley, las personas con recursos económicos seguirán pudiendo obtener la libertad mediante fianzas en efectivo o con aval. Mientras tanto, las personas sin recursos, incluso si son de bajo riesgo, tienen empleo, cuidan de familiares y es probable que comparezcan ante el tribunal, serán encarceladas únicamente por carecer de dinero. Este no es un sistema basado en el riesgo, la responsabilidad o la seguridad pública, sino un sistema basado en la riqueza. Estos cambios no eliminan por completo a los delincuentes violentos de las calles, sino solo a aquellos que no pueden permitirse comprar su libertad.

Este proyecto de ley no mejora la seguridad pública

Los defensores del proyecto de ley 2611 de la Cámara de Representantes pueden argumentar que limitar las fianzas OR (por palabra) promueve la seguridad pública, pero las pruebas no respaldan esa afirmación. Las investigaciones muestran sistemáticamente que la mayoría de las personas en libertad provisional comparecen ante el tribunal. Las jurisdicciones que han reducido la dependencia de la fianza monetaria demuestran que las personas en libertad provisional cumplen de manera abrumadora con sus obligaciones judiciales, con altas tasas de comparecencia y baja incidencia de nuevos cargos penales mientras esperan el juicio (Prison Policy Initiative, 2023).

Además, la mayoría no comete nuevos delitos mientras espera el juicio. La mayoría de las personas en libertad provisional, incluidas aquellas liberadas en virtud de la reforma de la fianza, no reinciden mientras esperan el juicio, y en algunas jurisdicciones, menos del 2% de las personas han sido acusadas de delitos violentos mientras estaban en libertad (The Washington Post, 2025) .

Por último, la propia detención aumenta la probabilidad de una futura implicación delictiva. La prisión previa al juicio se asocia con una mayor probabilidad de futuras detenciones y resultados negativos en comparación con las personas en libertad provisional, incluyendo tasas más altas de nuevas detenciones y una mayor implicación en el sistema judicial a lo largo del tiempo (Social Policy Lab, 2026; Vera Institute of Justice, 2023).

El encarcelamiento previo al juicio desestabiliza la vida de las personas. Separa a los padres de sus hijos, a los trabajadores de sus empleos y a los inquilinos de sus viviendas. Estas perturbaciones hacen que las personas tengan menos probabilidades, y no más, de salir adelante en los tribunales y en sus comunidades. Este proyecto de ley no mantiene a los delincuentes violentos fuera de las calles; solo garantiza que las personas que no pueden pagar la fianza permanezcan tras las rejas. Las personas con recursos económicos seguirán consiguiendo la puesta en libertad independientemente del riesgo. Las decisiones en materia de seguridad pública deben basarse en evaluaciones individualizadas, no en exclusiones generales vinculadas a la riqueza, la situación migratoria o el contacto previo con el sistema judicial.

Restricciones de elegibilidad excesivamente amplias y punitivas

El proyecto de ley HB 2611 establece una extensa lista de motivos de inelegibilidad que excluirían a muchas personas de bajo riesgo de la libertad bajo fianza, incluidas aquellas con condenas previas por delitos graves, independientemente de su edad o de la relevancia de los hechos; aquellas con antecedentes de incomparecencia, incluso si datan de hace años o se han resuelto; asuntos de libertad condicional pendientes; y órdenes de detención y cargos pendientes por delitos graves de conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas. Estas categorías son excesivamente amplias y no tienen en cuenta el contexto, la rehabilitación o el riesgo actual. Un solo error cometido hace años podría impedir permanentemente que alguien sea puesto en libertad bajo palabra. Las infracciones técnicas de la libertad condicional, las retenciones administrativas sin resolver o los incumplimientos menores de comparecencia en el pasado se convertirían en barreras de por vida. Este enfoque quebranta la discrecionalidad judicial y fiscal y sustituye la toma de decisiones individualizada por normas rígidas y punitivas.

Impacto desproporcionado en las comunidades de color y en los habitantes de Kansas con bajos ingresos

Debido a las disparidades continuas en la actuación policial, la imputación y la imposición de penas, las personas de color son más propensas a tener condenas previas, antecedentes judiciales y antecedentes de supervisión. Como resultado, las restricciones de elegibilidad del proyecto de ley 2611 de la Cámara de Representantes recaerán con mayor dureza sobre los habitantes de Kansas de raza negra e hispanos. Del mismo modo, los habitantes de Kansas con bajos ingresos son más propensos a tener dificultades con el transporte, el cuidado de los niños, la inestabilidad de la vivienda y los horarios de trabajo inflexibles, factores que pueden contribuir a faltar a las citas judiciales o a incumplir la supervisión. Este proyecto de ley castiga la pobreza al convertir estos retos en motivos de inelegibilidad permanentes. En lugar de abordar las causas fundamentales, el proyecto de ley 2611 de la Cámara de Representantes agrava la desigualdad.

Quebrantando la presunción de inocencia

La ley de Kansas reconoce que las personas acusadas de delitos se presumen inocentes. Las fianzas OR (bajo palabra) existen para respetar ese principio, permitiendo que las personas que representan un riesgo mínimo permanezcan en sus comunidades mientras se tramitan sus casos. El proyecto de ley 2611 erosiona este valor fundamental. Trata las acusaciones y los antecedentes penales como motivos para la detención automática, independientemente de las circunstancias actuales o del riesgo real. La detención previa al juicio debería ser una excepción cuidadosamente limitada, no la norma.

Conclusión

El proyecto de ley 2611 de la Cámara de Representantes lleva a Kansas por el camino equivocado. Aumenta el encarcelamiento innecesario, afianza la detención basada en la riqueza, agrava las disparidades raciales y económicas, y quebranta la seguridad pública y el debido proceso. En lugar de invertir en prácticas de prisión previa al juicio basadas en pruebas, este proyecto de ley se basa en la exclusión y el castigo; en lugar de promover la equidad, crea una desigualdad más profunda; y en lugar de hacer que nuestras comunidades sean más seguras, desestabiliza a las familias y fomenta la reincidencia.

En nombre de la ACLU de Kansas, insto respetuosamente a esta Comisión a que se oponga al proyecto de ley 2611 y a que continúe promoviendo políticas que sean justas, basadas en datos y coherentes con los valores constitucionales.

Logan DeMond, Director de Política e Investigación

Referencias

Prison Policy Initiative. (2023). La puesta en libertad de personas en prisión previa al juicio no perjudica la seguridad pública. Obtenido de https://www.prisonpolicy.org/blog/2023/07/06/bail-reform/

Social Policy Lab. (2026). Encarcelamiento masivo y criminalización: Los efectos de la prisión previa al juicio. Obtenido de https://www.socialpolicylab.org/mass-incarceration

Vera Institute of Justice. (2023). Justicia denegada: Informe de pruebas sobre los perjuicios de la prisión previa al juicio [PDF]. Obtenido de https://www.vera.org/downloads/publications/Justice-Denied-EvidenceBrief.pdf

Washington Post. (10 de septiembre de 2025). La libertad provisional no perjudica la seguridad pública. Obtenido de https://www.washingtonpost.com/ripple/2025/09/10/bail-reforms-across-the-us-haveshown-that-releasing-people-pretrial-doesnt-harm-public -safety/