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Este imprudente proyecto de ley, que no contribuye en nada a reforzar la seguridad electoral ni a abordar ninguna vulnerabilidad demostrada en las elecciones de Kansas, exigiría que el estatus de ciudadanía figurara en las licencias de conducir de Kansas. Esto forma parte de un ataque mucho más amplio y coordinado contra los derechos civiles y las comunidades inmigrantes, lo que genera serias preocupaciones en materia de privacidad, discriminación y seguridad pública. Exigir que el estatus de ciudadanía figure en las licencias de conducir expondría esta información personal a empleadores, propietarios de viviendas, empresas, fuerzas del orden y particulares, todos ellos contextos en los que el estatus de ciudadanía de una persona es innecesario. Esta divulgación innecesaria invita a la discriminación y a la elaboración de perfiles, y crea un sistema de identificación de dos niveles que trata a las personas de manera diferente en función de su estatus migratorio.

Este proyecto de ley incluye disposiciones que amenazan con privar del derecho al voto a los habitantes de Kansas de dos maneras. En primer lugar, se basa en normas de verificación de firmas que se sabe que privan del derecho al voto a votantes con derecho a ello. En segundo lugar, amenaza con eliminar el voto por correo “sin justificación” si los tribunales intervienen para proteger los derechos de esos votantes. Los tribunales suelen intervenir para abordar prácticas de aplicación inconstitucionales, no para atacar el voto por correo en sí. En lugar de solucionar los problemas con la verificación de firmas, este proyecto de ley adopta un enfoque mucho más extremo: si los tribunales protegen a los votantes y su derecho constitucional al voto, la legislatura los castigará. Esto no es una elaboración de políticas de buena fe, ni es una estrategia para la integridad electoral. Es una receta para la supresión del voto.

Este proyecto de ley amplía innecesariamente los mecanismos de depuración del censo electoral, se basa en fuentes de datos poco fiables, reprime la participación cívica legítima de las organizaciones no gubernamentales de participación cívica, invita al uso indebido de la información personal por parte del gobierno e impone cargas administrativas innecesarias a las agencias estatales. La comparación de bases de datos tiene una alta tasa de error y ha dado lugar repetidamente a que ciudadanos estadounidenses con derecho a voto sean señalados erróneamente o eliminados de los registros electorales. Este proyecto de ley no aborda cómo se transferirían los datos ni cómo se protegería esta información. La elaboración de una lista de residentes ya vulnerables supone una grave amenaza para su seguridad. Además, el registro de votantes por parte de terceros ha desempeñado durante mucho tiempo un papel crucial a la hora de llegar a los votantes jóvenes, a quienes votan por primera vez, a los habitantes de las zonas rurales de Kansas, a los votantes con acceso limitado a Internet y a las comunidades históricamente infrarrepresentadas en el electorado. La actividad de registro de votantes no es meramente administrativa, sino que constituye un discurso político protegido por la Primera Enmienda.

Este proyecto de ley amplía la autoridad de los alguaciles (sheriffs) de los condados y la de las cárceles no operadas por sheriffs para detener indefinidamente a personas con fines de inmigración civil, exime a las fuerzas del orden de la rendición de cuentas y elimina la supervisión democrática establecida desde hace mucho tiempo. Los efectos combinados de este proyecto de ley —que forma parte de un ataque legislativo más amplio contra los inmigrantes y las personas de color— plantean serias preocupaciones constitucionales. Amplía significativamente la autoridad de las fuerzas del orden federales en Kansas, debilita la rendición de cuentas y amenaza el derecho de los habitantes de Kansas a participar en la disidencia legítima.

A politicized State Supreme Court may not sound like an issue on face value, but it is important to understand what is at stake.

Amplía la autoridad de los alguaciles (sheriffs) de los condados para detener a personas con fines de inmigración civil, exime a las fuerzas del orden de su rendición de cuentas y elimina la supervisión democrática llevada a cabo desde hace tiempo.